4. Evaluación general de las campañas del período de dictadura

La resolución de situaciones que se evalúan como problemáticas desde el punto de vista de la identidad suele presentarse como un objetivo decisivo al momento de delinear una política lingüística. Muchas de las decisiones en esta materia responden más a los valores simbólicos del lenguaje como fuerza unificadora y separatista dentro de una comunidad, que a necesidades reales de comunicación.

Los objetivos últimos de una planificación no son nunca estrictamente lingüísticos sino políticos, sociales, identitarios, etc. (Christian 1988)⁸. Esto queda particularmente manifiesto cuando se trata de planificar el estatus de una lengua (es decir, su funcionalidad). La identificación de un problema lingüístico es a menudo una respuesta a la articulación de objetivos más generales: cuando la gente considera que un problema es lingüístico está refiriéndose a que el lenguaje es una manifestación de la cultura, una función simbólica del comportamiento. En ese sentido, una solución en el plano lingüístico puede constituir una parte de los logros de un objetivo más amplio.

La política adoptada por el Estado uruguayo se dirigió tradicional y coherentemente a terminar con las diferencias lingüísticas existentes dentro de su territorio, como un modo de fomentar la unidad. Para alcanzar el objetivo último de fortalecer la nacionalidad se consideró necesario acabar con las lenguas minoritarias.

Las acciones político-lingüísticas correspondientes al período 1973-1984 en el Uruguay evidencian una exacerbación de estos objetivos tradicionales, y son el lógico resultado de la ideología del momento histórico en que fueron implementadas: nacionalismo, xenofobia, patriotismo, exaltación de la autoridad, preservación de la moral y las buenas costumbres, tienen su correlato en acciones de defensa del español frente a la “amenaza” del portugués, y defensa de la pureza de la lengua española como patrimonio de la nacionalidad.

La campaña de lucha contra el portugués por un lado, y la campaña purista de 1979 por otro, están aparentemente divorciadas en cuanto al lugar que asignan al “problema” del portugués. En el primer caso se apuntó a una lucha frontal contra esa lengua mediante la organización de congresos, el control de los medios de prensa, y la extensión de las horas dedicadas a la enseñanza de español; en el segundo, el portugués aparece apenas mencionado en los comentarios de prensa que rodearon el inicio de la campaña y en el corpus mismo de los textos de propaganda. Sin embargo, se trata de dos modos distintos de apuntalar la lengua española: defendiéndola frente a otra lengua, y fomentando su “cultivo”.

De todos modos, la campaña de 1979 desconcierta por la aparente contradicción entre sus objetivos puristas y el contenido mismo de los fenómenos lingüísticos elegidos para la prescripción. En medio de una política lingüística claramente nacionalista y particularmente combativa de lo foráneo en general y del portugués en particular, la campaña de 1979 ofrece pocos ejemplos de extranjerismos y ninguno de lusitanismos. Tampoco aparecen menciones a vulgarismos consensualmente reconocidos como tales.

Lo anterior se suma a una inquietante desprolijidad e incongruencia de los fenómenos lingüísticos seleccionados. En muchos casos se trata de ítemes de uso muy poco frecuente, tanto en sus versiones correctas como incorrectas. También hay casos en que formas propuestas como correctas se contradicen en su uso (aún tomando como referencia los estratos sociales más altos) con las formas consideradas como incorrectas, lo que implica un conflicto entre norma prescriptiva y norma social. A este panorama se suma la inconsistencia e inútil complejidad de los comentarios que intentan dar cuenta de las eventuales incorrecciones idiomáticas. Todo esto contribuye a desacreditar la campaña entera en términos de aceptabilidad, poniendo en tela de juicio a los responsables de la misma.

La repercusión práctica en términos de un posible mejoramiento en el uso del lenguaje se reduce, pues, al mínimo, lo cual cuestiona también la funcionalidad didáctica de la campaña. ¿Qué es lo que se busca a través de ella?, ¿puede lograrse un buen uso del español mediante el señalamiento de fenómenos lingüísticos de uso poco habitual?, ¿puede resultar útil para un hablante común el tipo de comentario ofrecido para explicar las supuestas incorrecciones idiomáticas?

Los contenidos y características de la campaña se presentan, de hecho, como una cuestión secundaria. Su eficacia en términos didácticos es mínima. La campaña no traduce tampoco ningún tipo de reflexión sobre el valor de la lengua estándar como poderoso instrumento para el funcionamiento social del individuo.

La funcionalidad de esta campaña idiomática debe interpretarse, entonces, como predominantemente simbólica. Más allá de la calidad y sensatez de sus contenidos, lo que importa es la existencia misma de una campaña de este tenor. Por su mera existencia, se nos recuerda que somos partícipes de una comunidad que comparte una lengua que debe ser preservada; que esta lengua es un patrimonio invalorable de nuestra nacionalidad; que existen instituciones que se preocupan por la conservación del español en su estado más puro; que estas instituciones (encarnadas en el gobierno de turno) velan en general por las buenas costumbres del individuo, cumpliendo un rol eminentemente paternalista.

La afirmación de la autoridad (aunque sea en algo aparentemente secundario como es el uso del lenguaje) es el objetivo primordial para un gobierno como el del período estudiado. A través de campañas idiomáticas como las referidas se fomenta no sólo la convicción de que en la lengua, como en otros funcionamientos sociales (y políticos), hay formas correctas e incorrectas de actuar, sino que existe una autoridad que rige esas conductas, y que todos tenemos que seguir sus consejos como una forma de defender esas “buenas costumbres” que contribuyen a “nuestra forma de ser nacional”.

Hay una autoridad, pues, que determina esos parámetros, y a la que se puede recurrir en casos de duda. En las campañas idiomáticas, la autoridad se identifica políticamente con el gobierno de turno, a través de los organismos encargados de su instrumentación: en este caso, el Ministerio de Educación y Cultura, las Inspecciones Docentes, el Consejo Nacional de Educación, etc.

Notas

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